Open Arms, una crisis sin respuesta europea
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Actualidad Por Santiago Riesco

Open Arms, una crisis sin respuesta europea

19 días de drama en el Mediterráneo con un desenlace judicial han puesto de manifiesto la falta de una política migratoria común en la UE. ¿Qué hace el Open Arms? ¿Quién decide el puerto seguro?
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¿A qué se dedica el Open Arms?

Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro fundada en Badalona (España) el año 2015. Se dedica a la vigilancia y salvamento de embarcaciones y personas que necesitan auxilio. Opera en las zonas del Mar Egeo y el Mediterráneo Central. También se dedica a la denuncia de las injusticias que empujan a la gente a cruzar el mar.
Barcos
Astral. Velero de lujo cedido a la ONG por un empresario en junio de 2016. 
Golfo Azzurro. Pesquero de 43 metros de eslora y 8 de manga, fabricado en 1987.
Open Arms. ​ Remolcador de altura de 37 metros de eslora donado a la ONG por la naviera Grupo Ibaizabal a mediados de 2017.​
Financiación
En 2016 el presupuesto fue de 234.192,50 €.
En 2017 la financiación se cuadruplicó hasta 1.008.809,44 €.
​Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 el presupuesto se dispara hasta los 3,5 millones de euros. El 90% es capital privado.
Reconocimientos
En 2016 fue premiado con el H.E.R.O. Award. 
El Parlamento Europeo les concedió, ese mismo año,  el European Citizen's Prize.
En 2017 el Comité Español Transforma le concedió el Premio UNICEF.
La Generalitat de Cataluña les otorgó en 2018 la Creu de Sant Jordi.
Polémicas
El 27 de marzo de 2018, el juez instructor de Catania (Sicilia), Nunzio Sarpietro, acusó a la ONG de promover la inmigración ilegal. 
En agosto de 2019 la fiscalía de Agrigento ha vuelto a abrir una investigación contra Salvini por un posible secuestro de personas, tras la retención del buque Open frente a Lampedusa.​​

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¿Puede rescatar migrantes en el mar?

“La ley dice que si alguien rescata a unas personas tiene que llevarlas al puerto seguro más cercano”, explica Laura Ganuza, miembro de la ONG Open Arms.
Y es que brindar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte en el mar es una obligación consagrada en el Derecho Internacional, en particular por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convención CONVEMAR) de 1982, por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974 y por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR) de 1979. 
El Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, enviaba el 27 de junio una carta a la ONG Proactiva Open Arms aclarando algunos términos de la legislación española en relación con los rescates en el mar.
En esa carta, Núñez Quintanilla exponía la prohibición de la búsqueda activa de pateras -patrullaje- y advirtió a la ONG de que las multas se elevaban hasta los 900.000 euros en el caso de que quebrantasen esta disposición.

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¿Quién determina qué es un puerto seguro?

Las autoridades que gestionan el rescate y los ministerios del Interior de los países involucrados son los que deciden en qué puerto seguro se producirá la evacuación. Según el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el paso de una nave por las aguas territoriales de un país está permitido “mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño”. 
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 también prohíben retornar a las personas a territorios donde su vida sería puesta en peligro.

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¿Por qué Túnez no es un puerto seguro?

El país magrebí no dispone de una ley de asilo, por lo que el millar de refugiados reconocidos por Acnur viven en una especie de limbo legal que impide su integración. La ausencia de esta ley parece ser una decisión política consciente: Túnez no quiere que la UE le obligue a hacerse cargo de todos los migrantes interceptados camino de Europa.
Durante los útimos años el Gobierno tunecino ha rechazado abrir sus puertos a los buques comerciales o humanitarios que rescatan migrantes. Las autoridades tunecinas no siempre son respetuosas con los derechos humanos de los que logran entrar. La homosexualidad está penada con tres años de cárcel.
Túnez cuenta con un par de refugios gestionados por la Media Luna Roja en los que se alojan los migrantes rescatados por los guardacostas y pescadores. Las instalaciones están desbordadas y el Gobierno tiene poco margen financiero para ayudar porque el país vive bajo la amenaza de la bancarrota.

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¿Cuál es la política migratoria de la Unión Europea?

No existe un protocolo de desembarco seguro y el convenio de Dublín para el reparto de refugiados ha sido criticado por insuficiente.

Según datos de la agencia fronteriza europea Frontex, el número de migrantes llegados a la UE de forma irregular en 2018 fue de 150.000 personas, lo que supone el dato más bajo en los últimos cinco años y representa una caída del 92% respecto al pico de 2015.

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Convenio de Dublín y
 Directiva de Retorno

El Convenio de Dublín regula qué estado miembro de la UE se hace cargo de cada solicitud de asilo realizada por una persona en suelo europeo. Se negoció en 1990 y fue modificado en 2003 y en 2013. El criterio utilizado es el del primer país de llegada, lo que implica que el registro del inmigrante y la responsabilidad caigan de forma desproporcionada sobre los países fronterizos. Esto ha suscitado el rechazo de países como Italia que, en palabras de la presidenta electa de la CE, Ursula von der Leyen, quieren "una reforma del sistema disfuncional de Dublín". 
El Convenio utiliza, además, otros criterios para la concesión de asilo: vínculos familiares o culturales, la posesión de un visado o un permiso de residencia. Otros problemas que se le achacan, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es que no garantiza todos los derechos de los solicitantes al no darse un proceso justo y equitativo y no siempre se respeta la voluntad de los migrantes ni el país al que desean ir. 
La modificación del Convenio de Dublín ya se prevé en la Agenda propuesta por la UE para el quinquenio 2019-2024, donde los Estados miembros deberán consensuar un texto “conforme a un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad”, según ha dicho el Consejo Europeo.
El pasado mes de julio, los ministros del Interior de la UE dieron luz verde a la reforma de la Directiva de Retorno (de 2008) para impulsar la devolución de migrantes a sus países de origen a través de procedimientos más rápidos y efectivos. 
Esta normativa aborda la devolución de los inmigrantes que no tienen derecho a pedir asilo o protección internacional en la UE y regula todos los aspectos excepto el procedimiento de retorno en las fronteras.
Según Bruselas, en 2017 solo el 36,6% de las personas que recibían una orden de expulsión era efectivamente devuelto a su país de origen. Las nuevas normas asegurarán procedimientos más claros y transparentes tanto para las órdenes de expulsión como para los recursos contra estas y obligarán a los retornados a cooperar con las autoridades. 
Además, mejorarán la eficiencia de los retornos voluntarios y establecerán una lista de criterios para determinar el riesgo de fuga en caso de situación irregular.
Excepcionalmente, la normativa prevé la posibilidad "como último recurso" de enviar a los migrantes a terceros países "seguros".